El equipo de Directores de la Intendencia Departamental de Lavalleja anunció en forma mancomunada su firme determinación de renunciar a la adecuación salarial prevista.
En conferencia de prensa, y en forma previa a conocerse el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, los jerarcas municipales dieron a conocer una nota dirigida a la Intendente Dra. Adriana Peña en la que expresan tal resolución, que ya había sido adelantada por el Director de Vialidad y Obras Sr. Gastón Elola.
La declaración fue firmada por los siguientes directores: Dr. Jorge Ferreira (Jurídica), Dr. Mauricio Baubeta (Deportes), Carlos Draper (Tránsito), José Belloni (Cultura), Dr. Pablo Maceira (Higiene), Adriana Baladán (Familia y Genero), Daniel Ferández (Turismo) y Nelson Hernández (Prensa).
Se transcribe a continuación el texto íntegro de la referida nota:
Minas, 31 de Enero de 2018
Sra. INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA
Dra. Adriana Peña Hernández
Presente:
De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ud. luego de haber esperado con prudencia el desarrollo de los últimos acontecimientos. Con las siguientes líneas tenemos la intención de expresar nuestra posición respecto al tema de los nuevos sueldos proyectados en la reciente Modificación Presupuestal.
Para los abajo firmantes, es de sumo interés expresar y dar a conocer públicamente cual ha sido nuestro sentir y vivencia de las acusaciones recibidas. Todo ello ha motivado la presente carta abierta que refleja nuestra decisión personal exclusivamente relacionado con las remuneraciones correspondientes de los cargos en el Escalafón de Particular Confianza.
Desde un punto de vista del análisis político, entendiendo a la POLITICA como el arte de concebir la mejor forma de realizar el bien común, creemos que el debate en la opinión pública debió entablarse desde un plano estrictamente objetivo. El debate se debería haber encausado en discutir sobre cuál sería la mejor forma de organizar a la Administración según las necesidades y cometidos de la Intendencia, estableciéndose los Escalafones y sus justas remuneraciones, independientemente de que personas ocuparan circunstancialmente los cargos. Cabe aclarar que se denomina Escalafón o grupo ocupacional, a la ordenación de cargos, de acuerdo a la especialidad, el grado de complejidad de las tareas y las responsabilidades atribuidas al titular.
Sin embargo, por el hecho de haber tenido la distinción de ser llamados al desempeño de la función pública y por otro lado, hacerlo desde el Escalafón de particular confianza, hemos sido acusados por algunas personas de pretender obtener un beneficio ilegítimo y hasta contrario a la Ética Pública, al extremo de llegar a usar expresiones como las de CORRUPCIÓN.
Al haberse encausado un enjuiciamiento en dichos términos, tememos que la opinión pública se vea confundida respecto a la existencia de presuntos intereses espurios, y en consecuencia, nos vemos con la obligación de defender no sólo nuestra honestidad como servidores públicos, sino también como ciudadanos de bien que nos relacionamos cotidianamente con los vecinos de nuestro Departamento.
Sin hacer generalizaciones improcedentes, debemos manifestar que hemos angustiosamente tolerado hasta el momento, el rigor de los enjuiciamientos y escarnios públicos respecto a nuestra honestidad que han sobrepasado ampliamente el límite del fuero público y lo personal.
Ante los cuestionamientos a nuestra honestidad pública, sólo cabe decir que en el ejercicio de nuestra función, siempre hemos procurado cumplir con nuestros deberes funcionales desprovistos de todo interés personal. Por el contrario, muchas veces hemos sacrificado nuestro interés personal con la finalidad de entregar todas nuestras energías al interés de la función pública. No nos quejamos de ello, porque tenemos bien claro que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, dicho en otras palabras, somos nosotros los que debemos adecuarnos a la función y no la función a nuestras necesidades. Respetamos y toleramos las diferentes opiniones respecto al buen o mal cumplimento de nuestros deberes funcionales, y ello es de principio democrático, porque es connatural en un sistema pluralista, la coexistencia de opiniones diversas. Pero de ningún modo podemos aceptar que para criticar una gestión administrativa o de gobierno, se acuda al desprecio, a la descalificación o al escarnio público del ser humano que ejerce de buena fe dicha función.
En este último sentido, cuando se pone en tela de juicio la moralidad de las personas para llevar adelante reyertas políticas, como mínimo debemos salir a defender nuestra integridad ética con firmes acciones.
Respecto de las acusaciones que se nos adjudican, de que nos movemos con el solo afán de recibir beneficios particulares mediante la obtención de ajustes salariales, insinuando hasta una presunta insensibilidad con los demás conciudadanos, vemos con dolor que en general, no se logró comprender que en un Estado de Derecho, lo político nunca puede ir separado de lo jurídico. Todo ello es motivo suficiente para redoblar nuestros esfuerzos, así como mantener firme nuestro compromiso con la ciudadanía del Departamento pero renunciando a los tan debatidos nuevos salarios proyectados en la Modificación Presupuestal 2018-2020.
Como ciudadanos de un Estado de Derecho, hemos comprendido a cabalidad el accionar del Ejecutivo Comunal, justificado desde la defensa de las normas jurídicas y especialmente de la Constitución. Nuestra Carta Fundamental es la norma más democrática, y todo gobernante debería siempre someterse a sus disposiciones, pues todas sus normas son la expresión directa del soberano, todas han sido aprobadas directamente por el pueblo y a ella deben someterse los gobernantes. En este sentido, reafirmamos nuestro convencimiento que el Derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana, que la normal finalidad del Derecho es la justicia; pero ante ciertos litigios, la justicia puede ser sustituida por la Paz Social en razón de que la misma permite seguir avanzando enfocando todas nuestras energías en la gestión y administración departamental.
Por lo anteriormente expuesto, dejamos a su libre obrar, con la finalidad de dirimir la cuestión jurídica planteada en el pago de los Salarios Bases de los Escalafones “Q”, y expresamos nuestra firme voluntad de mantener nuestro compromiso de seguir cumpliendo la función pública encomendada en servicio de la comunidad.
Asi mismo renunciamos a las cuestionadas asignaciones salariales que por Derecho nos podrían corresponder; y solicitamos a Ud. si lo considera pertinente, percibir como justa remuneración a nuestro trabajo, el sueldo vigente anterior a la Modificación Presupuestal actualizado.
Prensa - Intendencia Departamental de Lavalleja
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