Un edil del FA llevó a la justicia Penal a intendenta de Lavalleja

El edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez radicó ayer denuncia penal contra la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, por lo que se considera la presunción de una serie de irregularidades en la gestión, que estaría incluyendo evasión fiscal y procedimientos apartados a la normativa.
Este legislador departamental, perteneciente al MPP, y con el respaldo del Partido Socialista, Nuevo Espacio y Alianza Progresista, decidió recurrir a la Justicia Penal por lo que fue el informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que realizó varias observaciones a la Rendición de Cuentas de la Intendencia de Lavalleja correspondiente al año 2014.

Según expresó este curul, el informe del T.C. mostró “ilegalidades, inconstitucionalidades, incumplimientos a las normas establecidas en el Tocaf y algunas otras que tienen apariencia delictiva”.
Dijo que desde el FA se cuestionó el procedimiento para realizar las compras por parte de la Intendencia, que fueron observados por el organismo de contralor. Aclaró que el informe del Tribunal de Cuentas establece que la Intendencia procedió a la compra de materiales de construcción sin tener documentación que respalde la misma.
El edil mencionó que la intendenta Peña no contestó los pedidos de informes que se le hiciera. No obstante, expresó que el MPP continuó indagando y se consideró oportuno radicar la denuncia penal sobre el procedimiento implementado. Para ello se presentaron documentos, algunos de los cuales contiene las versiones taquigráficas con las expresiones de la propia Peña en la que reconoce que se adquirieron materiales de construcción sin boleta.
En su denuncia penal, Álvarez informó a la Justicia que la intendenta Peña no depositó la totalidad de la recaudación de la tesorería de la Intendencia de las Juntas, Municipios y Camping bajo el argumento que en algunas localidades no hay bancos y el traslado a otras ciudades es costoso.
“La solución que se encontró y que viola las normas es que se pague deuda si hay plata en la Caja para evitar malgastar dinero en taxis, traslados, etc.”
El edil denunció que la intendencia ordena gasto sin autorización bajo el fundamento de que se trata de gastos pequeños.
También mencionó que se hicieron licitaciones fraccionadas, desconociéndose que existen procedimientos previstos para compras que realizar el Estado más precisamente Gobiernos Departamentales.
Además el T.C deja claro que se actuó en violación al art. 43 del TOCAF y tampoco se exponen los fundamentos por los cuales se optó por actuar en contravención a la normativa.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, en las licitaciones no se ponían los factores que se tendrían en cuenta para aceptar una u otra propuesta, y la ganadora no cumplió con pliegos porque no aporto certificaciones de garantía. Argumentos que da la Intendencia: Reconoce la existencia de esa irregularidad y alega que se modificó en las posteriores licitaciones.
Informó que se realizaron adquisiciones de materiales de construcción sin exigir documentación de respaldo violando el art. 118 del TOCAF. Argumentos de la Intendencia: Reconoce irregularidades y las justifica diciendo que ya lo hablo con el Presidente de la República y justifica que fueron compras realizadas a ONG, y a artesanos locales que no tienen boletas.
El denunciante consideró que pese a la imposibilidad de obtener información de los comportamientos denunciados, que además fueran constatados en las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, “podrían configurar comportamientos presuntamente delictivos, dignos de una instrucción penal”.

Déficit 

Álvarez recordó que el balance presupuestal de la Intendencia en 2014 tuvo un déficit de $ 53 millones y la Rendición de Cuentas del 2015 se incrementó a cerca de $ 180 millones.

La Republica

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