Orlando Ramírez, quien trabajó en la I.D. Lavalleja hasta el 3 de
agosto, se encadenó junto al acceso principal de la sede comunal en reclamo del
pago de las horas extras que se le adeudan. “El reclamo es para poder cobrar y
para que mis hijos puedan comer”.
Sobre las 12:30 se encadenó. La medida se extendió durante
una hora. Ramírez destacó la solidaridad de ex compañeros de trabajo “que se
han acercado y que están en la misma situación que yo” y que no nombró porque
“no quiero comprometerlos, porque sé que después se los castiga”, refirió.
Orlando Ramírez se desvinculó de la Intendencia el 3 de
agosto y según comentó a nuestro medio, “se me deben 75 horas extras, 9.500
pesos”.
Señaló también que personal policial se acercó mientras
llevaba adelante su medida para ver la posibilidad de que depusiera su actitud.
“Les hice ver que hablé en dos ocasiones con el Secretario General, Juan
Estévez, con los secretarios personales de la Dra. Adriana Peña, y que no se me
dio ninguna respuesta”, luego de recurrir a las vías administrativas
correspondientes.
“Se me acerca la fecha de pagar pensiones y no tengo dinero.
Soy un buen padre y la justicia, si no pago mi pensión alimenticia, ejecuta a
mi madre, que tiene 85 años. Lo único que quiero es cobrar mi salario, no vengo
a pedir una changa, quiero cobrar lo que ya generé. Tengo vergüenza, soy padre
de familia”, alegó.
Ramírez es feriante y para poder cumplir con su actividad
realizó un convenio en el pago de la tasa correspondiente.
La abogada María Luisa Bollini, representante legal de ADEOM
Lavalleja, presente en el edificio sede de la IDL, argumentó que Ramírez, al
momento de encadenarse “estaba haciendo uso del principal derecho, la libertad,
la cual está herida porque no se está cumpliendo con artículos de la
Constitución de la República”.
“¿Cómo no va a tomar una medida de esa índole si por otro
lado le están diciendo que le van a hacer un reclamo de pensión alimenticia
subsidiaria por no poder cumplir con los alimentos?”, se preguntó la
profesional.
En su opinión, lo importante es tener presente la cuestión
de fondo y no la medida adoptada por Ramírez para exponer su problemática. “Si
se hizo una tarea para la Intendencia, se cumplió el rol de trabajador como lo
hizo, se le debe pagar su salario. Nada más y nada menos que eso”, expresó.
Cuestionó que el Ejecutivo Comunal haya solicitado la
anuencia a la Junta Departamental para acceder a una línea crediticia con el
Banco República “con la única excusa de ponerse al día con los funcionarios y
que no lo haga. No sé si usaron el préstamo o no, porque no estoy en el nivel
político y ni me interesa estarlo. Si se pidió el préstamo para eso, hay que
pagar, porque la gente come, y no come atrasada, a mes vencido, meses
vencidos”, evaluó.
“Es una verdadera vergüenza”, manifestó la Dra. María Luisa
Bollini. En torno al accionar policial registrado en la ocasión, comentó que
“mientras el señor (Orlando Ramírez) no estuviera obstaculizando el tránsito,
haciendo violencia en la calle, y estuviera en forma pacífica, lamentablemente
encadenado en este caso porque son incapaces de cumplir y de pagar, la
actuación policial no sé debido a qué se efectuó. Mientras no lastime el
derecho de otros, puede hacerlo. La Constitución no está de adorno, pero no se
cumple. Hay muchos funcionarios en la misma situación. En la Junta se le dio
autorización para que sacara dinero para pagar a los funcionarios y tenemos que
estar padeciendo esto que no es nada divertido por cierto”, finalizó.
Fuente ArequitaDigital
Foto facebook
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