La maniobra, según dijeron a La República fuentes de la investigación, sería una derivación de otro delito cometido y descubierto hace más de dos años, el de las compras ficticias y adulteración de documentos públicos que se venían llevando a cabo desde hacía al menos tres años en la división adquisiciones y suministros de la Cámara de Representantes.
Los informantes indicaron al mencionado matutino que los hechos que se investigan parecen ser de mayor cuantía que los que se comprobaron anteriormente.Nota EL ESPECTADOR